El artículo 325 de la Constitución de Cádiz de 1812 decía: “En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior”. Si ojeamos, además de este artículo, los relacionados con éste, podemos apreciar un intento de esta Constitución, muy loable, de acercar el poder al pueblo, a la vez de promover ciertas mejoras sociales, de democracia y descentralización. Recordemos que se realiza en el momento histórico donde una monarquía absoluta intenta evitar la transformarción en una parlamentaria.
En estos casi dos siglos, la estructura del Estado español ha cambiado varias veces, pero en el debate de las diputaciones provinciales, lo que interesa recordar es que fue un elemento de la estructura muy centralizada del poder y de la administración del régimen nacido de la Guerra Civil y que se modifica, radicalmente, por la Constitución Española de 1978, que pasa a convertir la estructura del Estado español en descentralizada, gracias al reconocimiento de las Comunidades Autónomas y del derecho a la autonomía.
El cambio es radical y políticamente se profundizaría aún más, entre otras razones, por la autonomía andaluza, que rompe el espíritu constitucional de que la descentralización política sólo fuera para las tres autonomías, las que aprobaron sus estatutos en la II República. Pero con la victoria andaluza, inesperada, del referéndum del 28 de febrero, pues era un camino casi imposible, la descentralización política llega a todos los pueblos del Estado español, así pasamos del estado asimétrico que inspiraban los padres de la Constitución a uno, como diría el profesor y Ministro Clavero Arévalo, de “café para todos”, aunque en la actualidad se tensiona de nuevo para la desigualdad dentro de las comunidades autónomas.
En este estado de las autonomías, la pregunta y el debate es ¿qué papel le queda a las diputaciones provinciales?. La Constitución Española de 1978 tiene una serie de contradicciones: una es si se crea una administración periférica cómo deja elementos de la estructura centralizada anterior. Diputaciones y comunidades autónomas juegan en un mismo terreno, pero con un peso competencial y de poder político muy superior a la comunidad autónoma, lo que unido al respaldo constitucional a los municipios, a los que garantiza su autonomía e incluso su financiación, esto gravemente violado por todos los gobiernos de todos los colores que ha habido, han dejado a las diputaciones con escaso juego competencial y sólo algo más de la esfera política.
Los andalucistas defendemos que hay que abrir el debate sin miedo de preguntarnos sino sería mucho más eficaz, qué es lo que hay que pedir a las administraciones públicas si procediéramos a la eliminación de las éstas y la asunción por la Junta de Andalucía de sus competencias.
Ello supondría adelgazar el exceso del esquema de administración pública que tenemos en nuestro Estado, evitar la confluencia de ámbitos competenciales y un mejor destino de un enorme montante económico.
Los andalucistas defenderíamos que ese dinero del que disponen las diputaciones provinciales fueran repartidos entre los ayuntamientos, cuyas economías están estranguladas por la falta de ingresos y que ha convertido a los alcaldes en pedigüeños en las diferentes administraciones y, de paso, nos acercaríamos al cumplimiento de un precepto constitucional de su autonomía financiera.
Los andalucistas defendemos abrir el debate. Sabemos que no es fácil ni su eliminación, ni su transformación, pero debatamos, algo olvidado en nuestro mundo político. No podemos resignarnos a no cambiar las cosas para que vayan a mejor, la política es para transformar la realidad.
No tapemos que si las diputaciones tienen un objetivo preferencial en las poblaciones de menos de veinte mil habitantes, un gran porcentaje de sus presupuestos se van en poblaciones de más de esa cifra.
No tapemos que se han quedado fuera de la dinámica de la administración pública del Estado en este siglo XXI.
Los andalucistas defendemos adelgazar el esquema de las administraciones públicas para que sean más útiles y eficaces. Creemos en la eliminación de las diputaciones provinciales y que sus dineros pasaran a los ayuntamientos.
Los andalucistas nos tememos que a las multinacionales de la política española no les interesa, ni siquiera, plantearse este debate, pues sus grandes aparatos sí necesitan a las diputaciones provinciales.
En estos casi dos siglos, la estructura del Estado español ha cambiado varias veces, pero en el debate de las diputaciones provinciales, lo que interesa recordar es que fue un elemento de la estructura muy centralizada del poder y de la administración del régimen nacido de la Guerra Civil y que se modifica, radicalmente, por la Constitución Española de 1978, que pasa a convertir la estructura del Estado español en descentralizada, gracias al reconocimiento de las Comunidades Autónomas y del derecho a la autonomía.
El cambio es radical y políticamente se profundizaría aún más, entre otras razones, por la autonomía andaluza, que rompe el espíritu constitucional de que la descentralización política sólo fuera para las tres autonomías, las que aprobaron sus estatutos en la II República. Pero con la victoria andaluza, inesperada, del referéndum del 28 de febrero, pues era un camino casi imposible, la descentralización política llega a todos los pueblos del Estado español, así pasamos del estado asimétrico que inspiraban los padres de la Constitución a uno, como diría el profesor y Ministro Clavero Arévalo, de “café para todos”, aunque en la actualidad se tensiona de nuevo para la desigualdad dentro de las comunidades autónomas.
En este estado de las autonomías, la pregunta y el debate es ¿qué papel le queda a las diputaciones provinciales?. La Constitución Española de 1978 tiene una serie de contradicciones: una es si se crea una administración periférica cómo deja elementos de la estructura centralizada anterior. Diputaciones y comunidades autónomas juegan en un mismo terreno, pero con un peso competencial y de poder político muy superior a la comunidad autónoma, lo que unido al respaldo constitucional a los municipios, a los que garantiza su autonomía e incluso su financiación, esto gravemente violado por todos los gobiernos de todos los colores que ha habido, han dejado a las diputaciones con escaso juego competencial y sólo algo más de la esfera política.
Los andalucistas defendemos que hay que abrir el debate sin miedo de preguntarnos sino sería mucho más eficaz, qué es lo que hay que pedir a las administraciones públicas si procediéramos a la eliminación de las éstas y la asunción por la Junta de Andalucía de sus competencias.
Ello supondría adelgazar el exceso del esquema de administración pública que tenemos en nuestro Estado, evitar la confluencia de ámbitos competenciales y un mejor destino de un enorme montante económico.
Los andalucistas defenderíamos que ese dinero del que disponen las diputaciones provinciales fueran repartidos entre los ayuntamientos, cuyas economías están estranguladas por la falta de ingresos y que ha convertido a los alcaldes en pedigüeños en las diferentes administraciones y, de paso, nos acercaríamos al cumplimiento de un precepto constitucional de su autonomía financiera.
Los andalucistas defendemos abrir el debate. Sabemos que no es fácil ni su eliminación, ni su transformación, pero debatamos, algo olvidado en nuestro mundo político. No podemos resignarnos a no cambiar las cosas para que vayan a mejor, la política es para transformar la realidad.
No tapemos que si las diputaciones tienen un objetivo preferencial en las poblaciones de menos de veinte mil habitantes, un gran porcentaje de sus presupuestos se van en poblaciones de más de esa cifra.
No tapemos que se han quedado fuera de la dinámica de la administración pública del Estado en este siglo XXI.
Los andalucistas defendemos adelgazar el esquema de las administraciones públicas para que sean más útiles y eficaces. Creemos en la eliminación de las diputaciones provinciales y que sus dineros pasaran a los ayuntamientos.
Los andalucistas nos tememos que a las multinacionales de la política española no les interesa, ni siquiera, plantearse este debate, pues sus grandes aparatos sí necesitan a las diputaciones provinciales.
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